CANJE: EL GOBIERNO TUVO QUE CEDER EN EL TRAMO FINAL PERO ALCANZÓ UN BUEN ACUERDO

El acuerdo alcanzado entre la Argentina y los acreedores alejan al país del abismo de un nuevo default. Todavía hay detalles que se discuten, pero la decisión de no estirar más la negociación y acordar, ya está tomada.

El Gobierno tuvo que hacer leves pero decisivos retoques a la cuarta propuesta que había puesto sobre la mesa de la negociación para evitar el fracaso. Se sabe que entre las modificaciones que elevaron el valor de la propuesta, medida en valor presente neto, aparecen cambios en la letra chica legal, puntualmente en el tratamiento que se les dará a las Cláusulas de Acción Colectiva.

El cierre de la discusión le permitirá al gobierno dejar atrás un tema que le insumió demasiados meses de discusiones y así enfocarse en ver cómo hace para resucitar la actividad económica y mejorar el complejo cuadro socioeconómico en el que está hundido el país, agravado claro por la pandemia y la cuarentena. En definitiva, trabajar en mostrar un plan económico.

Pese a la mejora de la propuesta el Gobierno no debería sentirse “perdedor” por haber cedido terreno en el último tramo de la negociación. Ni por haber subido de 40 a 54 dólares (o algo más) el valor presente neto de la propuesta entre la primera y la quinta oferta. La oferta 1 fue repudiada por el 85% de los bonistas porque no había manera de que cuajara con las exigencias de los acreedores. Habría que hacer de cuenta que nunca existió.

Lo importante de este acuerdo es que logró bajar el cupón promedio de la deuda en un 50%, de casi 7% a algo más del 3,4% anual, generando un ahorro en el pago de intereses superior a los 20.000 millones de dólares. El nuevo nivel de los cupones de intereses marca algo impensado para la Argentina, teniendo en cuenta que su calificación crediticia está más cerca de la D de Default que de la A de “Investment grade”.

Argentina ya incumplió con el pago de intereses de una docena de bonos durante este año, acumulando atrasos por casi 1.800 millones de dólares.

Patear el tablero con los bonistas hubiera significado una agudización, si ello fuera posible, de las terribles dificultades que tiene la economía argentina para dejar de caer.

Las últimas declaraciones del Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, deben ahora ser resignificadas.

Dijo Alberto Fernández, este fin de semana: “¿Hay un punto donde convenga no aceptar firmar ningún acuerdo? Si. Si el acuerdo supone más postergaciones para los argentinos, más ajuste para los jubilados, no lo pienso hacer. Si el acuerdo exige que deje de auxiliar a 9 millones de personas que cobran el IFE no lo voy a hacer. Eso está claro. El límite es que me exijan más padecimientos para los que más necesitan”.

Dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada en un comunicado oficial de su cartera: “Los acreedores deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados. No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto. Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor. Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias”.

Tal vez los funcionarios digan que el objetivo siempre estuvo claro y que solo se trató de negociar lo más duro posible. Es posible que el ministro Martín Guzmán vuelque esta experiencia en un nuevo paper. Así es la política.

Lo importante es que el acuerdo por la deuda es necesario pero no suficiente para abordar los problemas que describen el Presidente y el Ministro. Pero sin acuerdo, esos problemas solo se habrían agravado.


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