EL JUICIO DE LA OBRA PÚBLICA POR ZOOM: CRISTINA KIRCHNER NO SE CONECTÓ, PERO MANDÓ A SU ABOGADO CARLOS BERALDI

Después de dos audiencias para probar el funcionamiento de la plataforma digital, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) decidió reanudar desde este lunes el juicio contra Cristina Kirchner​ por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. La modalidad establecida para las dos audiencias que se harán cada semana es semi presencial y se continuará con la etapa de las declaraciones testimoniales. Hubo un planteo de nulidad sobre la continuidad del juicio bajo la modalidad impuesta, por parte del abogado de Carlos Kirchner al que adhirieron otras defensas. Después de una hora, los jueces rechazaron lo requerido, y se retomaron las declaraciones testimoniales.

La audiencia de este lunes comenzó a las 9.30, y los acusados y testigos la siguen a través de zoom. La vicepresidenta optó por no seguir las audiencias por esa vía, pero sí las está siguiendo su abogado, Carlos Beraldi, recientemente nombrado como miembro del comité que asesorará al Gobierno en las modificaciones a la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

A esa hora, con ellos mismos situados en la sala de los tribunales de Comodoro Py, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu reanudaron el debate oral del juicio contra Cristina Kirchner, varios de sus ex funcionarios y Lázaro Báez, cuya última audiencia se había celebrado el 17 marzo. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado 51 contratos viales a favor de Báez.

Después de dos pruebas con la plataforma virtual que proporciona la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, el Tribunal resolvió que se retomará el juicio a través de Zoom. Las audiencias serán los lunes y los martes.

La decisión de avanzar con audiencias semi presenciales llegó después de un polémico debate respecto a las imposibilidades técnicas que adujo el Consejo de la Magistratura. Además, el órgano responsable de manejar los fondos del Poder Judicial -presidido por Alberto Lugones- había asegurado que existía una extensa lista de causas que tenían prioridad antes de la que involucra a la ex presidenta.

Este proceso tiene a la vicepresidenta como la principal acusada -jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al haber favorecido al Grupo Austral con 51 licitaciones por $ 46.000 millones-, y a otros quince imputados, entre ellos Lázaro Báez, Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López.

El juicio comenzó hace un año y quedó suspendido en marzo, a raíz de la pandemia del Covid-19, razón por la cual el fiscal Diego Luciani había solicitado que se reanuden las audiencias de forma virtual.

La propuesta de reanudar de esta manera fue aceptada por la ex presidenta pero cuestionada por Báez y los ex funcionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López, entre otros. Sin embargo, los jueces decidieron retomar el caso. Esa decisión trajo aparejada un primer planteo de nulidad antes de retomar el debate este lunes.

Fue el abogado Enrique Arce, defensor de Carlos Kirchner quien requirió la “nulidad de esta audiencia virtual” al considerar que “todo lo que se actúe sea nulo, la que hoy promuevo es que la actuación que se lleva a cabo no es la que la ley establece, el único sustento normativo para que el Tribunal lleve a cabo estas audiencias son las acordadas de la Corte, que sólo tiene potestad de reglamentar” y entendió que no se resguarda el derecho a la defensa bajo la modalidad elegida por el TOF 2.

A ese planteo adhirieron otras defensas, como la de Lázaro Báez y la de Julio De Vido. Fue entonces, cuando el Tribunal le pidió al fiscal Diego Luciani que se pronuncie al respecto, quien en tono enfático señaló: “desde el 30 de abril solicitamos la reanudación de las audiencias y ya respondió el Tribunal los diferentes planteos realizados por las defensas”.

Al continuar con su exposición, indicó que “nada de los que debe garantizarse en un juicio se encuentra alterado por la decisión del Tribunal, y se garantiza la debida contradicción, la oralidad, y además la prueba se encuentra a resguardo y a disposición de las partes, se está desarrollando de manera oral aunque telemática, no hay alteración posible, los testimonios se toman frente al Tribunal y como solicitaron las defensas”. Por ello indicó que el debate debía continuar bajo la modalidad dispuesta.

A este criterio se sumó el argumento de la OA, organismo del Gobierno y única querellante en el caso, quien sostuvo que no “se encuentra ningún agravio” para impedir que el juicio se realice de forma semi presencial como se reanudó este lunes.

Con la reanudación del debate oral se continuará con las declaraciones testimoniales. De más de 160 personas aceptadas sólo subieron al estrado, seis de los testigos: Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Ricardo Stoddart, Mariana Zuvic y Silvina Martínez.

Desde el comienzo del juicio se celebraron 25 audiencias. Si bien era el turno de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, y denunciante en este caso, se determinó que su declaración se escuchará más adelante. Fue el ex funcionario macrista quien presentó una auditoría que arrojó que más del 78% de los contratos volcados a la provincia de Santa Cruz, fueron concedidos al Grupo Austral, y que dichas adjudicaciones “estaban plagadas de irregularidades, que hubo direccionamiento, sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se concluyeron”.

El caso del presunto direccionamiento de las 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez se admitió como el delito precedente de otras operaciones de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez (“la ruta del dinero K”), y a la familia Kirchner (Los Sauces y Hotesur). En este juicio, el Gobierno integra la querella a través de la Oficina Anticorrupción.


SÍGUENOS