El PRESIDENTE ANUNCIÓ los CAMBIOS QUE IMPULSA en el FUERO FEDERAL y la COMISIÓN DE JURISTAS que ASESORARÁ en MODIFICACIONES PARA la CORTE

El Presidente anunció los cambios que impulsa en el fuero federal y la comisión de juristas que asesorará en modificaciones para la Corte. Lo mandará al Congreso.

Sin dirigentes de la oposición y con una sola jueza de la Corte Suprema presente, el presidente Alberto Fernández presentó este miércoles en la Casa Rosada el proyecto de ley de Reforma de la Justicia. Lo hizo con un discurso que incluyó fuertes críticas al actual funcionamiento del Poder Judicial.

“De una vez por todas digamos ‘nunca más’ a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. He recordado todo esto para que nadie tergiverse mi proceder. Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”, afirmó.

El jefe de Estado detalló los objetivos de su propuesta legislativa que contempla, entre otras cuestiones, cambios en los juzgados federales y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

En el anuncio sobresalieron las ausencias de la vicepresidenta Cristina Kirchner; de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que ya habían avisado que faltarían a la presentación; y de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, ya que sólo estuvo presente Elena Highton, vice del cuerpo.

El titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, no participaron ni siquiera de forma virtual, como sí ocurrió con otros invitados a la presentación de la reforma.

“La Justicia es uno de los tres poderes de nuestra República y como tal tiene potestades singulares. Por eso la Constitución establece que llegado el caso puede disponer de nuestros bienes y hasta de nuestras libertades. Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, planteó.

Seguido, Fernández advirtió que “con el correr de los años hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces”.

“Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de derecho”, cuestionó en referencia al gobierno de Mauricio Macri​.

Agregó que “con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban”, y que “a su vez, la Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.

“En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, criticó.

Sin embargo, el Presidente en su discurso aclaró que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.

El jefe de Estado aseguró que ahora “lo único” que lo impulsa “a reclamar un cambio es fortalecer el Estado de derecho” para “hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”.

El Presidente consideró que “es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos lograr tener un mejor estado de derecho” y reiteró: “Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.

Este es el primer acto que el Jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada luego de suspender sus visitas al interior frente a los saltos en los casos de coronavirus​. Escoltado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Fernández explicó los objetivos centrales de una propuesta que incluyó en sus promesas de campaña y que defendió el pasado 1° de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

El Presidente también presentó formalmente a sus elegidos para integrar el consejo de juristas que tendrá 90 días para elaborar propuestas tendientes a promover reformas en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces) y en otros aspectos de la Justicia tales como la puesta en marcha de los juicios por jurado.

Elena Highton a la salida de la Casa Rosada luego del acto en el que Alberto Fernandez presentara el proyecto de reforma del sistema judicial. Foto Marcelo Carroll

Los seleccionados son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

La presencia de letrados como Beraldi, abogado de Cristina Kirchner en varias de las causas por presuntos hechos de corrupción durante sus gobiernos, y Arslanian, quien representa a ex funcionarios kirchnerista, incentivó cuestionamientos de la oposición, donde los referentes de la coalición Juntos por el Cambio ya anticiparon que rechazarán cualquier intento por ampliar el número de integrantes de la Corte.

“He recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos con la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, dijo Fernández para rechazar las críticas.

El jefe de Estado remarcó que “no existe” en su ánimo “el deseo de condicionar la decisión” de ese consejo de asesores.

“Las reglas del debido proceso se olvidan cuando los Tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos. Sé que eso, precisamente eso, ha venido ocurriendo en parte de nuestra Justicia en los últimos años y no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña a la República”, insistió.

Respecto a la reforma que el Presidente enviará al Congreso (se presume que será esta semana), establece que la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Según explicó el primer mandatario, cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‬ secretarías que actualmente tienen y la restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

Para la rápida puesta en marcha de la nueva estructura, la idea es utilizar un sistema de subrogancias. En la designación transitoria de los magistrados y magistradas intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

El Presidente aclaró que esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural. Además se propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema.

En el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la ministra Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.


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