LA CORTE NO QUIERE CONFRONTAR, PERO LOS EX FUNCIONARIOS K RECIBIRÁN MALAS NOTICIAS

No todos piensan igual, pero la posición mayoritaria acá es no cambiar golpe por golpe”, dicen en el despacho de un juez de la Corte que conoce al peronismo desde su más tierna juventud. En el máximo tribunal descartan que en el primer renglón de la agenda judicial del gobierno está escrita la intervención sobre el diseño, las funciones y si fuera posible el tamaño del Supremo tribunal del país.

Con los labios cosidos para evitar enredos mediáticos, los jueces no dejaron de enviar señales desde que el oficialismo inició una blitzkrieg sobre la justicia: hace una semana, el presidente lanzó una reforma judicial que apunta a dispersar y reducir el poder de los juzgados federales que investigan los delitos de corrupción. También anunció la llamada Comisión Beraldi, cuya función descollante será justamente aconsejar a Alberto Fernández sobre los cambios necesarios para “agilizar” la labor de la Corte. Un día después, la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura -con el voto clave de la lavagnista Graciela Camaño- decidió revisar el traslado de jueces en el fuero federal porteño, tres de los cuales entienden en causas contra Cristina Kirchner. Y este lunes, otra mayoría oficialista encendió en el Senado los motores para hacerle un juicio político al Procurador General interino, Eduardo Casal.

La reforma fue promocionada por el Gabinete en copiosas notas periodísticas, que además de vender las supuestas bondades de los cambios que se intentarán cristalizar en el Congreso, buscaron desmentir la información que causó gran parte del retraso en presentar el proyecto: que Cristina miraba con lupa cada artículo, y que su única obsesión -y exigencia- es tocar a la Corte, donde en algún momento confluirán los reclamos y las sentencias de las causas en su contra.

En aquel raid de prensa, el presidente pisó una mina antipersonal: negó que su meta sea ampliar la Corte, pero dijo que es tribunal funcionaba mal y que estaba paralizado. De inmediato, y con acuerdo de la mayoría de los jueces, se difundieron las estadísticas que negaban aquella parálisis: en 2019, el máximo tribunal resolvió cuatro veces más recursos que el año anterior. La publicación de esos datos en Clarín molestó al gobierno, que hizo saber su descontento a través de los periodistas que trabajan para simpatizarle al presidente.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sembrado de intrigas a cada paso -como recurrentemente cuenta este diario- hay ahora una alianza táctica para resistir la avanzada del gobierno, de la que sólo queda afuera Elena Highton, la jueza entrañablemente vinculada con Alberto Fernández y la ministra de Justicia Marcela Losardo.

Esas rencillas -que hace dos años asemejaron al tribunal con el conventillo retratado por Alberto Vacarezza- dejaron abierto un flanco para criticar la exasperante demora en tratar casos de trascendencia nacional, el oportunismo para firmar otros y la ubicuidad para redactar sentencias para todos los gustos. Será difícil recuperar el prestigio perdido, y algunos de los jueces creen que por eso no sería bueno tomar ahora los expedientes en los que el gobierno recibiría un sonoro cachetazo. Otros, en cambio, creen que justamente para demostrar que los jueces tienen las togas bien puestas habría que desempolvar aquellas causas.

Este mismo jueves tendremos las primeras grajeas de esa discusión intestina. Aunque no se conocerán la ratificación de la condena a Amado Boudou por el caso Ciccone, los recursos de Cristina en la causa por el escándalo de la obra pública de Santa Cruz para Lázaro Báez o el fallo más importante de todos, la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura reformado en 2006 a instancias de la senadora Kirchner, habrá malas noticias para algunos ex funcionarios kirchneristas. Posiblemente no sean grandes sentencias, pero sí confirmaciones de medidas y rechazos de pedidos que cerrarán puertas y acortarán plazos. No olvidemos, el diablo está en los detalles.

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